Claudio Bonadio y su vínculo con el Chaco: El día que puso la lupa en los municipios

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Una investigación por malversación de fondos estatales que bajaban de Nación a municipios de todo el País durante la década K, fue el puntapié inicial que llevaría a que el ex Juez Federal ordenara peritajes en múltiples localidades de Chaco. La causa está a la espera del juicio oral.

 

«El juez Claudio Bonadio ordenó un peritaje sobre las cuentas de 50 intendentes K por desmanejos en un plan de basura. La mayoría son de municipios del Chaco. Los investigan por fraude y desvío de fondos. En la causa ya hay otros intendentes procesados y a la espera del juicio oral», así informaba el Diario Clarin en noviembre del 2019, sin embargo esta investigación delegada en la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, inició a fines de 2016, a partir de una auditoría interna de la actual gestión en la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo del entonces responsable, Marcos Peña.

 

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En tanto que, durante el proceso se dictó la falta de mérito para Gerardo Cipolini (Sáenz Peña), Antonio José Rodas (Fontana), Eladio Fabián Aguirre (Charadai), Jorge Damián Rodríguez (General Vedia), José Ramón Carbajal (La Leonesa), Pedro Ángel Bodnarczuk (Chorotis), Diógenes Aníbal Requena (Hermoso Campo), Rosario Belkys Ávalos (Puerto Eva Perón), Claudia Panzardi (Laguna Blanca)  y Hugo Sager (Puerto Tirol).

 

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Resumen de la causa. El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron.  Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

Fuente 21tv