Confirmaron el procesamiento contra la intendenta de Enrique Urien, acusada de corrupción

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La intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, continuará procesada en la causa federal donde se la acusa de autoadjudicarse una vivienda que tenía como destino a familias indígenas vulnerables de la zona y de edificarla por fuera de los austeros lineamientos previstos en el proyecto.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva contra la jefa comunal. La carátula del expediente es de malversación de caudales públicos en concurso real con enriquecimiento ilícito y defraudación contra la Administración Pública. Se ratificó además el embargo que pesa sobre sus bienes por un monto superior a los 45 millones de pesos.

Las juezas María Delfina Denogens y Patricia Beatriz García resolvieron el lunes no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Pascua y consecuentemente confirmar la resolución venida en apelación. También se ratificó la falta de mérito en favor de la intendenta en cuanto a la imputación por lavado de dinero y fraude a la administración pública.

En declaraciones a CIUDAD TV, el fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, anticipó que solicitará que el expediente sea elevado a juicio oral cuanto antes. Sostuvo que ya no le quedan instancias de apelación a Pascua ya que la Cámara de Casación Penal es el tribunal de alzada para causas que ya tienen condena.

Explicó además que la causa tiene competencia federal debido a que los fondos para la construcción de casas correspondían al “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Hábitat Pueblos Originarios y Rurales”. Es decir, que era dinero del gobierno nacional. Por otra parte, al ser consultado por la cantidad de años de cárcel que prevé el Código Penal para este tipo de delitos, señaló que, si se contabilizan todas las acusaciones, el total de la pena es de 20 años de cárcel, pero aclaró que “son números en abstracto”, que en general tienen a bajar.

Los hechos

La causa contra Pascua nació tras una denuncia presentada ante la Justicia Federal por el diputado radical, Alejandro Aradas, en octubre de 2020.

Tomando como base una publicación del portal de noticias Infoqom, Aradas recordó que en 2013 el gobernador, Jorge Capitanich, anunció la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendenta Pascua decidió relocalizar las mismas para construirlas en el ejido de Urien y finalmente fueron entregadas en 2016.

Esas viviendas, terminaron siendo ocupadas en su gran mayoría por familiares, amigos e inclusive por la propia Pascua. Los allegados beneficiados de manera presuntamente irregular fueron su cuñado, un tío, su madre y la expresidenta del Consejo Deliberante, muy cercana a Pascua.