Desalojo de comunidades indígenas y campesinas: el STJ decidió mirar para otro lado

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El 22 de agosto pasado la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto de Resolución mediante el cual solicitaba tanto al Superior Tribunal de Justicia como a la Procuración General que arbitre todos los mecanismos de comunicación necesarios para asegurar que se cumpla con las normas que establecen la prohibición de los desalojos sobre inmuebles ocupados por comunidades indígenas, evitando así daños a las familias. La resolución legislativa no mencionaba ningún caso de litigio en particular. Sin embargo, el presidente del STJ, Rolando Toledo, y su par María Luisa Lucas ensayaron una respuesta “de manual”. Aseguraron que lo solicitado por la Legislatura “excede las competencias” del máximo tribunal y que “en un Estado de Derecho, las leyes son obligatorias desde el momento de su vigencia y se presumen conocidas”. Con la decisión del juez Flores, como con tantas otras anteriores, queda demostrado a las claras que no es así.

En ese contexto, además, consideraron que “el Poder Judicial tendrá todo el imperio necesario para afirmar y mantener su inviolabilidad funcional e independencia frente a los otros poderes del Estado”, e insistieron que “existe una imposibilidad formal de inmiscuirse en la interpretación jurídica que realiza cada juez de la Provincia sobre el ordenamiento jurídico vigente”.

Por su parte, las ministras Emilia Valle e Iride Grillo advirtieron que el contenido de la resolución hacía referencia a “una causa judicial en trámite” y que, como podría llegar a manos del STJ, no correspondía adelantar opinión. No obstante, también señalaron que “constituye una responsabilidad, como atributo de la idoneidad de la magistratura, el conocimiento de la normativa vigente y el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad en cada causa que se juzga”.

Fuente chaco dia x dia

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