Expectativa por la sentencia en el juicio por lavado contra exfuncionarios chaqueños

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia dará a conocer este martes 27 de septiembre la sentencia en el marco del juicio oral por lavado de activos procedentes de la corrupción, cuyos principales imputados son el exsecretario general de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey, y el exministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo. Para ambos, y para el excoordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo), Gustavo Katavich, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 13 años de prisión.

Los tres llegaron a juicio imputados como coautores del delito de lavado de activos agravado por ser funcionarios públicos y por integrar una supuesta asociación ilícita dedicada a ese delito, con habitualidad. Además, otras 26 personas llegaron a esta instancia que se inició el 21 de febrero pasado ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Enrique Bosch y Rubén Quiñones.

Entre los imputados, también se encuentran varias personas vinculadas familiar y/o comercialmente con los principales imputados, como la pareja de Lugo.

En sus alegatos, el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, solicitó penas de 13 años de prisión para los tres principales imputados y que las mismas se unifiquen en 15 años, al sumarse las condenas que los tres recibieron en el fuero provincial por los delitos precedentes de corrupción. Además, solicitó se les cobre una multa equivalente a tres veces el valor del dinero lavado, el decomiso de todos los elementos secuestrados y que se les dé un destino social para reparar “mínimamente” el daño provocado a la sociedad.

Por la parte acusadora, participaron el fiscal general Federico Carniel; el secretario Horacio Rodríguez, el fiscal general de Córdoba y extitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, y la fiscal federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón.

Durante los alegatos, los tres fiscales describieron los roles que ocuparon cada uno de los integrantes de la presunta organización criminal y dieron detalles sobre las diferentes maniobras para insertar en el circuito legal los fondos públicos provenientes de la corrupción. Entre ellas, detallaron la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.

Las acusaciones

A Rey se lo acusa de haber introducido en el circuito legal fondos públicos de la pauta publicitaria oficial, a través del Fappo, que se direccionó a empresas fantasmas o vinculadas a su persona y que no prestaron ningún servicio al Estado provincial. Por su parte, Katavich habría sido un engranaje central para concretar estas maniobras al haberse desempeñado como coordinador del Fappo, designado en su momento por el propio Rey.

En tanto, a Lugo se lo acusa por haber “blanqueado” dinero proveniente de contrataciones directas a familiares y allegados cuando se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social de la Provincia.