Megajuicio: está cerrado el undécimo acuerdo, esta vez con 24 judiciales

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El fiscal de Estado, Luis Meza, dijo que el de ayer fue el undécimo de los acuerdos judiciales que se suscribió con 24 demandantes que ganaron el megajuicio y cada uno de ellos escogió una modalidad de cobro del crédito a su favor y que así “ya estamos cercanos a los 1.000 acuerdos” de pago de acreencias de un litigio que tiene más de un cuarto de siglo.

La Fiscalía de Estado junto a Fiduciaria del Norte, el Nuevo Banco del Chaco trabajan en conjunto con el objetivo de convenir el pago de la deuda que el Poder Judicial tiene con jueces, funcionarios y empleados por un megajuicio millonario que se inició en 1991 y que se está pagando en la gestión del gobernador Domingo Peppo.

“No fue fácil”

Meza afirmó que “no fue fácil” llegar a entendimientos con los acreedores judiciales y que “ya se puede verificar y aseverar con notoria verosimilitud porque los acuerdos se han realizado. Y esto es para nosotros una satisfacción, del mismo modo que para las autoridades del Nuevo Banco del Chaco y del Ministerio de Hacienda”.

“Para nosotros es una satisfacción porque se está cumpliendo con las obligaciones legales, gracias a la voluntad del señor gobernador que impulsó esta solución y también al respaldo de la Cámara de Diputados que permitió tomar el empréstito para afrontar estas obligaciones”, añadió.

El juicio demandó más de 25 años y para pagarlo el gobierno decidió emitir un bono y colocar en el mercado financiero internacional, que fue la herramienta a la que apeló para acceder a esos recursos.

Meza dijo que el total de los demandante “fue de alrededor de 1.324 a 1.342 y creo que vamos a ir avanzando, a lo mejor en grupos de menor cantidad, en las distintas circunscripciones de manera personalizada porque hay casos en que los acreedores originales han fallecido”.

En esos casos “hay que abrir el juicio sucesorio para que los herederos tengan la legitimación necesaria en estos acuerdos, y esos casos llevan un poco más de tiempo, pero estamos avanzando”.

El artículo 75

El fiscal de Estado sostuvo que la tarea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación demanda “mucha prudencia, mucha sensatez y sabiduría para tener un pronunciamiento en el marco de la Constitución Nacional y lo dispuesto en el artículo 75, inciso segundo”.

En tal sentido señaló que ahí se estableció “expresamente que todo lo que tenga que ver con Coparticipación Federal tiene que realizarse mediante una ley convenio, un acuerdo entre la Nación y las provincias” para instituir un régimen que debe ser rubricado por las Legislaturas provinciales. La reforma constitucional de 1994 dispuso por una cláusula transitoria dos años de plazo para esa nueva ley que debe reglamentar la distribución de recursos entre la Nación y las provincias pero hace más de 20 años que obligación está pendiente.

Meza también apuntó que “la Constitución dice algo que es fundamental, que hasta tanto no se celebre ese pacto donde se celebre el Régimen de Coparticipación no puede modificarse en desmedro de las provincias la distribución de los recursos vigentes a aquella fecha”.

“Es decir que no se puede modificar unilateralmente la distribución de los recursos federales”, añadió y que “eso es lo que han acordado los constituyentes en aquella oportunidad y los que están invocando los gobernadores unánimemente y sostiene el andamiaje de la necesidad de acuerdos”, remarcó.

Fuente Diario Norte

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