“Salta es cómplice de un crimen ambiental”

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Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.

n enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.

Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.

«Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestanEs responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.

El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques“Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional», señaló Giardini.

Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.

Dos mil hectáreas más que en 2019

En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.

Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.

“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.

Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.

En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.

Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.

«Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestanEs responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.

El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques“Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional», señaló Giardini.

Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.

Dos mil hectáreas más que en 2019

En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.

Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.

“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.

Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.

Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinciónEs completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.

La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
Fuente: Página12